• 70% de aceptación social a la regulación de la muerte digna en México 

• Más de 2,400 profesionales de la salud, 150 mil firmas ciudadanas y evidencia de la conversación digital colocan la regulación de la ayuda médica para morir como una demanda urgente en México 

Ciudad de México, 21 de abril de 2026. Senado de la República.- Junto con personas senadoras que impulsaron iniciativas en octubre de 2025 para reconocer el derecho a una muerte digna y la Ley Trasciende que busca despenalizar y regular la ayuda médica para morir en México, la activista y paciente Samara Martínez, la Coalición Muerte Diga Ya, y la asociación civil Práctica: Laboratorio para la Democracia difunden un estudio nacional cuantitativo y cualitativo, (Altazor Intelligence y Data for world), que revela que hasta 7 de cada 10 personas en México están a favor de la legalización de la eutanasia. A partir de una muestra nacional de 1,200 entrevistas en línea, así como una serie de entrevistas a profundidad con pacientes que viven con enfermedades incurables y/o dolor crónico, además de personas cuidadoras, el estudio ofrece una radiografía inédita sobre la percepción social de la eutanasia en México. Disponible en la página www.muertedigna.com, sus principales resultados y hallazgos de investigación suman a la documentación de la conversación pública sobre la despenalización y regulación de la eutanasia en México, y frente a algunas de sus implicaciones y posibles escenarios para avanzar en el reconocimiento del derecho humano a una muerte digna con autonomía y libertad hasta el final. 

La discusión sobre la muerte digna en México ha dado un giro relevante tras la presentación de varias iniciativas por decenas de personas legisladoras de casi todas las fuerzas políticas en octubre del año pasado (sin que aún se hayan dictaminado), y respaldadas por personas pacientes, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud: ya no se trata únicamente de construir aceptación social, sino de responder a una demanda respaldada por evidencia. 

Entre los hallazgos más relevantes del estudio, se destaca una tensión clave: seguir con vida no es lo mismo que vivir con dignidad. Pacientes con enfermedades incurables y dolor crónico describen su experiencia como una vida sostenida biológicamente, pero sin condiciones dignas. 

Al mismo tiempo, las personas cuidadoras —principalmente mujeres— enfrentan una carga física, emocional y económica invisible, sin reconocimiento ni apoyo suficiente. 

El estudio también revela un problema estructural: el acceso a cuidados paliativos en México es desigual, insuficiente y muchas veces tardío. 

Esto genera que la posibilidad de una muerte digna dependa, en la práctica, de las condiciones socioeconómicas de cada persona. 

A diferencia de lo que suele plantearse en el debate público, los resultados muestran que la eutanasia no se percibe como un impulso suicida, sino como una decisión racional, informada y profundamente humana frente al sufrimiento irreversible. 

La conversación digital también crece. El análisis de la conversación en redes sociales (realizado por MW Group disponible en www.muertedigna.com) muestra que el tema ya tiene una presencia significativa y sostenida en el espacio público digital. 

Entre agosto y octubre de 2025, la conversación en torno a la Ley Trasciende alcanzó a más de 19.2 millones de personas, mientras que entre noviembre de 2025 y abril de 2026 sumó 15.1 millones de personas adicionales. 

Para dimensionar estas cifras, iniciativas legislativas recientes impulsadas desde el Ejecutivo federal (es decir con alta prioridad política) registraron los siguientes niveles de alcance: 

• Reforma Electoral (julio–agosto 2025): 89.3 millones de personas alcanzadas, con una conversación mayoritariamente en contra. 

• Reforma al Poder Judicial (abril–julio 2024): 99.1 millones de personas alcanzadas, con una conversación dividida. 

En contraste, la conversación sobre la Ley Trasciende —impulsada desde la sociedad civil y de manera orgánica e inédita— presenta una tendencia significativamente distinta: 

• 76.5% de conversación a favor en su primer periodo de medición 

• 91.1% de conversación a favor en el periodo extendido 

Además, en tres momentos distintos, los esfuerzos coordinados de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, junto con la activista y paciente impulsora de la Ley Trasciende, Samara Martínez, lograron posicionar el tema como tendencia nacional, reflejando una capacidad real de organización, movilización e incidencia en la conversación pública. 

Este posicionamiento se suma a una movilización social creciente: 

• Más de 153 mil firmas ciudadanas en apoyo a la Ley Trasciende y el derecho a una muerte digna en la petición impulsada por Samara Martínez en Change.org

• Dos exposiciones en el Metro CDMX (Cuatro Caminos y Ermita) con cientos de miles de visitantes con recepción pública y exposición mediática positivas.

• El pronunciamiento a favor del reconocimiento del derecho a una muerte digna, de la despenalización y de la regulación de la ayuda médica para morir en México de más de 2,400 profesionales del sector salud firmantes.

• Un conversatorio abierto en la antigua sede del Senado, el próximo 23 de abril con más de 40 ponencias voluntarias y más de 400 personas registradas como asistentes. 

  
  

Las personas senadoras presentes refrendaron su voluntad para la pronta dictaminación de las iniciativas para el reconocimiento del derecho a la muerte digna y de la Ley Trasciende, que busca la despenalización y regulación de la ayuda médica para morir a través de la eutanasia. 

Hoy, la evidencia es clara: México enfrenta una discusión que ya está instalada en la sociedad y que requiere atención basada en evidencia, experiencias internacionales y Estado laico en el ámbito legislativo pero con prioridad. 

Porque como dice Samara Martínez: “Los tiempos legislativos no son los tiempos de las personas pacientes que impulsamos y esperamos el reconocimiento de nuestros derechos por nuestra dignidad, nuestra autonomía y nuestra libertad hasta el final.” 

La dignidad no termina con la vida. El derecho tampoco. 

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